Consultas ciudadanas: necesarias, pero imperfectas

En Chile, las consultas ciudadanas han cobrado una relevancia creciente en los últimos años, convirtiéndose en un elemento clave dentro de los procesos de toma de decisiones para proyectos de infraestructura, especialmente en sectores como la energía, minería y transporte, donde los proyectos suelen tener un impacto ambiental, social y cultural significativo. Si bien estas instancias promueven la participación democrática y aseguran que las comunidades afectadas tengan voz en los proyectos que inciden en su entorno, también generan desafíos significativos para la inversión y el desarrollo de grandes obras.

Cuando se gestionan adecuadamente pueden generar confianza y reducir riesgos a largo plazo, al promover relaciones positivas entre comunidades y desarrolladores. Pero, si los procesos son ineficientes o conflictivos, pueden disuadir la inversión al aumentar costos e incertidumbre.

Aunque el sistema presenta desafíos para la inversión, también es una oportunidad para construir un modelo de desarrollo que combine crecimiento económico con equidad social y ambiental.

La implementación de estos procesos a menudo enfrenta críticas relativas a la falta de plazos claros y procedimientos estandarizados; falta de mecanismos eficaces para gestionar desacuerdos entre comunidades y desarrolladores; y, en ocasiones, las voces más organizadas o visibles dentro de una comunidad dominan el proceso, dejando de lado a otros grupos de interés, lo que genera falta de representatividad.

Por estos motivos, proyectos emblemáticos de transporte, energía y minería, han enfrentado retrasos significativos y aumento de costos, afectando no solo a las empresas involucradas, sino también al país en general.

Para superar estas barreras, Chile debe avanzar hacia una modernización de su sistema de consultas ciudadanas, fortaleciendo este mecanismo para convertirlo en un facilitador, y no en un obstáculo para la inversión en infraestructura. Para ello resulta indispensable avanzar en una mejora significativa de aspectos esenciales, como la estandarización de procesos, definiendo procedimientos claros y plazos específicos para evitar demoras innecesarias; el fortalecimiento institucional, capacitando a las autoridades encargadas de supervisar las consultas para asegurar su imparcialidad y eficacia; el uso de tecnología, implementando plataformas digitales para difundir información, recoger opiniones y facilitar la participación de comunidades alejadas; y, la promoción del diálogo temprano, realizando las consultas en las etapas iniciales de los proyectos para identificar y resolver preocupaciones antes de que escalen en conflictos mayores, y antes de que la ejecución de los proyectos se inicie, entre otros.

Las consultas ciudadanas son esenciales para garantizar que los proyectos de infraestructura en Chile sean inclusivos, sostenibles y respetuosos de los derechos de las comunidades. Aunque presentan desafíos para la inversión, también representan una oportunidad para construir un modelo de desarrollo que combine crecimiento económico con equidad social y ambiental.

Chile tiene la responsabilidad –y la oportunidad– de liderar en la integración efectiva de estos mecanismos, demostrando que la modernización de estos procesos no solo fortalecerá la confianza de los inversionistas, sino que también contribuirá a un desarrollo más justo y sostenible para todos.